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La pesca de derechos : Informe : Río+20
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La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) marca un hito importante para la pesca y los pescadores

Informe : Río+20

La pesca de derechos

La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) marca un hito importante para la pesca y los pescadores


El autor de este informe es Sebastian Mathew (icsf@icsf.net), asesor de programas del CIAPA
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, veinte años después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo congregó a ochenta y ocho jefes de Estado y de Gobierno, así como 30.000 representantes de las más diversas procedencias.

a,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">El documento final, titulado “El futuro que queremos”, es el fruto consensuado de tres duras reuniones de preparación y tres rondas informales de negociaciones que duraron más de dos años.

George Monbiot, columnista del diario The Guardian, describió el documento final como “283 párrafos de minucias”. En su opinión, los líderes mundiales reunidos para resolver las crisis medioambientales no consiguieron mucho más que manifestar su profunda preocupación.

Varias organizaciones comparten este juicio sombrío. El New York Times informaba de que CARE, organización estadounidense contra la pobreza, piensa que la conferencia fue “nada más que una farsa política”. La organización ecologista Greenpeace la describió como “un fracaso de proporciones épicas”. El semanario indio Economic and Political Weekly apenas puede encontrar nada significativo en Río+20. El documento final no presenta nada nuevo ni concreto, contrariamente a la Cumbre de Río de 1992, que produjo una hoja de ruta para el siglo XXI. Oxfam, la organización no gubernamental británica, condenó la conferencia como “vergonzosamente desnuda de progreso”, aunque celebró el “Reto del Hambre Cero” lanzado en los pasillos de Río+20 por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

En general las reacciones a la Conferencia han sido negativas. Sin embargo, las comunidades pesqueras, la pesca y el medioambiente marino, parecen abrigar razones para el optimismo. El principal objetivo de Río+20 consistía en renovar el compromiso político a favor del desarrollo sostenible. “El futuro que queremos” reafirma el respeto “de todos los derechos humanos”, incluido el derecho al desarrollo. Destaca la responsabilidad de los Estados de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna. Reafirma la importancia de tener eficaces, transparentes, responsables y democráticas. Aspira a incorporar el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos.

El documento final apoya la participación y el compromiso real de la sociedad civil en la consecución del desarrollo sostenible. Reconoce la contribución de las cooperativas a la inclusión social y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo.

Conocimientos tradicionales

Reconoce la importante contribución de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Reivindica la incorporación efectiva del género en los procesos de toma de decisiones. Alienta a los países a aplicar las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Para promover el trabajo decente para todos, el documento destaca la importancia del acceso a la educación, las capacidades, los cuidados de salud, la seguridad social, los derechos fundamentales en el trabajo, las protecciones sociales y jurídicas, incluida la seguridad y la salud en el trabajo, y oportunidades de trabajo decente. “La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” (una combinación de enfoques mercantiles y no mercantiles) se presenta como una herramienta para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible.

Una importante decisión tomada en Río+20 consiste en sustituir en 2013 la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible por un foro político de alto nivel intergubernamental y universal que vigile el cumplimiento de los compromisos asumidos, en consulta con los principales grupos de la sociedad civil. Este año se creará un grupo de trabajo compuesto por 30 representantes designados para proponer para 2013 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) “orientados a la acción, concisos y fáciles de comunicar”, que se integrarían posteriormente a la agenda de las Naciones Unidas para desarrollarlos con posterioridad a 2015. Los ODS complementarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para reemplazarlos después de 2015.

El documento final reconoce la contribución de los pescadores, junto a los agricultores, pastores y silvicultores, al fomento del desarrollo sostenible. Dentro del área temática de “Seguridad alimentaria y nutrición y acuicultura sostenible”, destaca el papel de la pesca y la acuicultura en la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre. Reconoce asimismo el papel de un ecosistema marino saludable y la pesca y la acuicultura sostenibles en la seguridad alimentaria, la nutrición y la creación de medios de vida para millones de personas. Estas disposiciones, a diferencia de lo que ocurrió con el Programa 21 o el Plan de Aplicación de Johannesburgo (PAJ), integran la pesca y los pescadores en la agenda global de los medios de subsistencia rurales y la seguridad alimentaria.

Además de los compromisos previamente asumidos, como los principios de la Declaración de Río, que incluye responsabilidades comunes pero diferenciadas, el documento final contiene otros 24 compromisos significativos relativos al desarrollo sostenible y articulados principalmente en torno a áreas temáticas y asuntos transversales. Al menos ocho pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar económico, social y físico de las comunidades pesqueras marinas y continentales, a saber: (i) liberar a la humanidad de la pobreza y el hambre; (ii) realización progresiva del acceso al agua potable y el saneamiento básico para todos, seguro y barato; (iii) acceso a servicios energéticos modernos para las poblaciones que no disponen de ellos; (iv) mejor calidad de los asentamientos humanos; (v) acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relativos al VIH, eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH, renovar y fortalecer la lucha contra la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas, y la prevención y control de enfermedades no transmisibles; (vi) reducción de la mortalidad maternoinfantil y mejora de la salud de las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños; (vii) condiciones de trabajo seguras y dignas y acceso a la protección social y la educación, y (viii) crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres y las niñas en todas partes, especialmente en zonas rurales, comunidades locales, pueblos indígenas y minorías étnicas.

Seis de los compromisos incluidos en el área temática “Océanos y mares” tienen que ver con la pesca, el medioambiente y la biodiversidad marina. El primero, proteger la salud de los océanos y los ecosistemas marinos, manteniendo sus biodiversidad mediante un enfoque ecosistémico y de precaución.

En segundo lugar, dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), el compromiso de abordar antes de 2015 la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicción nacional (ZFJN). Es un compromiso nuevo. Si el Programa 21 hablaba del papel de la Convención principalmente en relación con la conservación y utilización de los recursos marinos vivos en zonas de jurisdicción nacional y en la pesca de altura, el documento final de Río+20 extiende su alcance a la conservación y gestión de la biodiversidad en ZFJN. El documento podría abrir paso así a un nuevo instrumento jurídico para la conservación y la ordenación de la biodiversidad en ZFJN.

El tercer compromiso consiste en tomar medidas para reducir la incidencia y los efectos de la contaminación de fuentes marinas y terrestres. Incluye acciones para prevenir los daños producidos al medio marino y costero por los detritos marinos para 2025. Se espera completar en 2014 la primera evaluación global integrada del estado del medioambiente marino, incluyendo los aspectos socioeconómicos.

El cuarto consiste en medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasivas y gestionar sus efectos ambientales adversos.

Quinto, cumplir con el objetivo del PAJ de mantener o restaurar para 2015 las poblaciones de peces a niveles que puedan producir el máximo rendimiento máximo sostenible. Para lograrlo, habrá que establecer planes de gestión basados en datos científicos, eliminar las prácticas pesqueras destructivas y proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

El sexto es un compromiso nuevo, inspirado en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces de 1995, consistente en asegurar el acceso a la pesca y los mercados a los pescadores artesanales, de subsistencia y de pequeña escala, así como a las pescadoras, los pueblos indígenas y sus comunidades. Este compromiso complementa el reconocimiento de los derechos de los pescadores artesanales de pequeña escala, recogidos en el Programa 21 y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995. Amplía su acceso a todas las pesquerías y mercados.

En el capítulo dedicado a los bosques, existe el compromiso de mejorar los medios de subsistencia creando las condiciones para la gestión forestal responsable, por ejemplo mediante la capacitación, el buen gobierno, la promoción de una tenencia de tierras segura y la participación en beneficios. La propuesta servirá a las comunidades cuyos medios de subsistencia dependen de los humedales tropicales, como los manglares.

Beneficios potenciales

El documento recoge así unos quince compromisos que podrían interesar a las comunidades pesqueras. Reconoce la importancia de sensibilizar al público, mejorar la coherencia y la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos. Destaca la importancia de intercambiar información, enseñanzas y buenas prácticas. Pretende establecer objetivos, metas e indicadores, especialmente los que tienen en cuenta el género, para medir el grado de implementación y acelerarlo.

Sin embargo, existen aspectos preocupantes. El tejido de la “economía verde” siembra temores acerca de los enfoques mercantilistas para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Se detecta cierto descontento en torno al capítulo sobre los medios de ejecución, por la falta de nuevos compromisos sobre transferencia tecnológica o financiación. El olvido de la pesca continental y las masas de agua dulce, a pesar de lo que contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición en muchos países en desarrollo, es lamentable. “El futuro que queremos” tampoco urge a los estados a ratificar y aplicar dos importantes tratados internacionales relativos al trabajo y relevantes para el área temática “océanos y mares”, concretamente el Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 y el Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007.

Los compromisos voluntarios asumidos durante la conferencia tienen poco que ver con los problemas específicos de las comunidades pesqueras, con la excepción de la iniciativa de la Fundación Lonxanet de crear un área protegida incluyente por iniciativa comunitaria en Galicia, España. Preocupa igualmente a la formación de una Alianza Mundial para los Océanos auspiciada por el Banco Mundial en los pasillos de la conferencia, que aboga, entre otros asuntos, por un enfoque de derechos para la gobernanza del sector pesquero, incompatible con el enfoque de derechos humanos que inspira la visión común del documento final.

En general la conferencia Río+20 resultó significativa para la pesca y los pescadores. Al incluir la pesca en el tema de la seguridad alimentaria y establecer el derecho de los pescadores y los trabajadores de la pesca artesanal y de pequeña escala a los recursos marinos, con una visión común que reclama respeto para todos los derechos humanos, el documento final “El futuro que queremos” se apoya en el reconocimiento de la pesca artesanal y de pequeña escala del Programa 21. Existen razones para mostrar un cauto optimismo acerca de los resultados de la conferencia. Sin embargo, el desafío consiste en encontrar la mejor manera de crear una voluntad política a escala nacional o subnacional a fin de reforzar los mecanismos institucionales para integrar dichos compromisos en políticas y programas de desarrollo sostenible de la pesca y las comunidades pesqueras. Mucho depende de la presión que las instancias políticas sientan de las bases, especialmente desde las grandes asociaciones de la sociedad civil.

Más información

www.uncsd2012.org/rio20/
Río+20