SAMUDRA Report

Vivir de la tierra : Sudáfrica : Derechos de pesca
  • :Jackie Sunde
  • :62
  • :July
  • :2012

Los derechos consuetudinarios de los pescadores del Área Marina Protegida de Dwesa-Cwebe, Sudáfrica, protagonizan un caso que puede resultar un hito histórico

Sudáfrica : Derechos de pesca

Vivir de la tierra

Los derechos consuetudinarios de los pescadores del Área Marina Protegida de Dwesa-Cwebe, Sudáfrica, protagonizan un caso que puede resultar un hito histórico


La autora de este artículo es Jackie Sunde (jsunde@telkomsa.net), investigadora de la Unidad de Evaluación Medioambiental de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. David Gongqose y sus compañeros fueron representados por los abogados defensores del Centro de Recursos Jurídicos, Jason Brickhill, Wilmien Wicomb y Henk Smith


David Gongqo

Los medios de sustento de las siete comunidades incluidas en la reserva de Dwesa-Cwebe dependían tradicionalmente de los recursos costeros del AMP y de la zona forestal adyacente. Las comunidades cuentan con un sistema tradicional bien establecido para el uso de los recursos naturales. En el siglo pasado se negaba sistemáticamente a las comunidades, unas 2.300 familias, el acceso a los recursos costeros y forestales, que constituían la base material de su cultura y su seguridad alimentaria.

Las actividades de conservación, primero bajo el poder colonial y posteriormente bajo el régimen del apartheid, obligaron a numerosas familias a abandonar sus tierras ancestrales y reubicarse en zonas circundantes. Bajo el régimen de segregación racial, esta región del país fue declarada un bantustán, el término utilizado para referirse a las zonas donde podían residir los nativos africanos, y a partir de ahí la comunidad vivía en tierras comunales administradas por la autoridad tradicional, aunque dentro de las estrictas limitaciones impuestas por la administración del apartheid.

En 1991 se creó la Reserva Marina Dwesa-Cwebe. Se prohibió el marisqueo en la zona intermareal, aunque se permitía la pesca con caña a pie, bajo una regulación estricta. En 1996, después de la elección del primer gobierno democrático y la promulgación de la legislación sobre restitución de tierras, con miras a compensar a las comunidades oprimidas por el apartheid, se admitió la reivindicación de las comunidades a sus tierras incluidas en la reserva y comenzaron las negociaciones destinadas a facilitar su acceso a la tierra y a los recursos naturales.

Reclamación de tierras

En 2001 se firmó un acuerdo. La política gubernamental exigía que el AMP mantuviese su condición de zona de conservación natural, aunque el acuerdo incluyó entre sus principios fundamentales el acceso a los recursos. A pesar de que las negociaciones que desembocaron en la firma del acuerdo confirmaban el reconocimiento del derecho de las comunidades al uso sostenible de los recursos y a participar en la cogestión de los recursos naturales de la reserva, el componente de “reserva marina” fue eliminado del texto final.

En vez de eso, el área de Dwesa-Cwebe había sido declarada como zona de veda absoluta en 2000, seis meses antes de la firma del acuerdo. El cambio fue autorizado por el Departamento de Medioambiente y Turismo, que era responsable a la sazón de las AMP, amén de ser parte en las negociaciones y uno de los signatarios del acuerdo. No se consultó a las comunidades afectadas acerca de la declaración del AMP, aunque la comunidad entendió que su derecho de acceso a los recursos marinos continuaría siendo objeto de negociación. Las autoridades de pesca y de conservación natural todavía no han reconocido la reivindicación de las comunidades a sus derechos pesqueros tradicionales en esta zona litoral ni han tomado medidas para establecer acuerdos de cogestión apropiados.

El mismo año 2000 se publicó un sondeo realizado por Statistics South Africa (el instituto de estadísticas oficiales de Sudáfrica) donde se observaba que el distrito donde reside David era el más pobre de todo el país. Apenas existen medios de subsistencia alternativos, de ahí que las siete comunidades locales incluidas en la zona de Dwesa-Cwebe continúen recolectando recursos marinos y forestales, a pesar del riesgo de procesamiento. Al explicar las razones que les llevan a seguir faenando invocan su sistema tradicional y la falta de alternativas. Numerosos pescadores y mariscadoras se han visto obligados a pagar abultadas multas o a pasar un tiempo en la cárcel cuando no pueden pagarlas. El año pasado, los vigilantes de la reserva mataron a dos personas que faenaban en ella. La comunidad empezó a protestar y ha instado repetidamente a las autoridades a reconsiderar la clasificación del AMP como zona de veda absoluta y a tomar medidas que permitan el uso sostenible, pero hasta la fecha la reserva mantiene ese estatus.

Cuando David fue arrestado, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial acababa de comenzar un proceso consultivo internacional con miras a elaborar unas Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. En mayo de 2012 el Comité celebró una sesión especial en Roma donde se aprobaron dichas directrices. Tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible. Reconocen la importancia de los derechos seguros de tenencia y del acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques.

Por demás, las directrices de tenencia reconocen que en numerosos países las comunidades cuentan con sistemas preexistentes de derechos y prerrogativas que regulan el acceso, la explotación y la administración de las tierras y de los recursos marinos. Estos regímenes locales de tenencia pueden no estar registrados o integrados oficialmente en el derecho formal, pero aun así constituyen derechos de tenencia legítimos que deben ser reconocidos.

Las directrices establecen que:

9.5 Allí donde los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia posean derechos legítimos de tenencia a las tierras ancestrales en las que vivan, los Estados deberían reconocer y proteger tales derechos. Los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia no deberían sufrir desalojos forzosos de tales tierras ancestrales.

Para añadir a continuación:

9.6 Los Estados deberían considerar la adaptación de sus marcos de políticas, jurídicos y organizativos para reconocer los sistemas de tenencia de los pueblos indígenas y de otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia. Si las reformas constitucionales o jurídicas reforzasen los derechos de las mujeres y las pusiesen en situación de conflicto con las costumbres, todas las partes deberían cooperar para que estos cambios sean incorporados en los sistemas consuetudinarios de tenencia.

Aunque muchos países, como los del Pacífico o de otras regiones, reconocen desde hace mucho tiempo la existencia y la importancia de los regímenes consuetudinarios de tenencia del mar, las directrices tendrán repercusiones de gran alcance en los Estados que hasta ahora se han decantado por sistemas de regulación que prestan escaso o nulo reconocimiento a los derechos consuetudinarios de las comunidades a las zonas costeras y a las aguas adyacentes, o a su derecho a sus prácticas culturales y medios tradicionales de subsistencia en dichos espacios.

Si bien algunos gobiernos alegan que la legislación formal extingue en la práctica todo derecho consuetudinario preexistente, en el caso sudafricano se presentaron ante el tribunal argumentos tomados de precedentes sentados por el Tribunal Supremo de Canadá en la sentencia del caso Ronald Edward Sparrow (1990), donde se resuelve que el hecho de que un derecho pesquero aborigen esté controlado por una norma escrita no supone necesariamente la extinción del mismo.

Intención clara

Según el tribunal, a la hora de determinar que el legislador pretendía extinguir un derecho existente, la carga de la prueba recae en el mismo legislador, estableciendo que debe existir una intención “clara y patente”, argumento que hoy se conoce como “la prueba de la extinción”. Los abogados defensores se inspiraron asimismo en principios establecidos por el Tribunal Supremo de Australia en el caso de Yanner contra Eaton de 1999, donde se estipuló que:

“Basta con decir que regular la forma en que se ejercen los derechos o los intereses no es incoherente con la continuidad de su existencia. Es más, regular la forma en que se puede ejercer un derecho presupone la existencia del mismo (…). Regular aspectos particulares de la relación de usufructo con las tierras tradicionales no rompe el vínculo de los pueblos aborígenes afectados con la tierra (…). En otras palabras, decir a un grupo de pueblos aborígenes que no pueden cazar o pescar si no tienen permiso no rompe su vínculo con la tierra en cuestión, así como tampoco niega el ejercicio continuado de los derechos e intereses que las normas y tradiciones aborígenes les reconocen”.

En su defensa, los pescadores sudafricanos reconocieron que era necesario que el uso de los recursos marinos fuese sostenible y respetase los derechos de las futuras generaciones. No niegan la necesidad de que la explotación del recurso esté regulada, ni de que la reserva sea un AMP. Ahora bien, alegan que cuentan con un régimen consuetudinario que puede servir de base para todo acuerdo futuro de ordenación, y que sus conocimientos locales sobre los recursos deberían integrarse en dichos acuerdos.

El juez que conoció el caso criticó fuertemente a las autoridades de conservación por negarse a reconocer las necesidades de subsistencia de esta comunidad. Citó repetidamente la Constitución de Sudáfrica, haciendo observar que “el tribunal no puede eludir el hecho de que el objeto de esta legislación consiste en proteger y permitir el ejercicio de las libertades y derechos constitucionales a la tierra y la práctica sin restricciones de las tradiciones de cualquier ciudadano, como los habitantes de la zona de Dwesa-Cwebe”.

Al carecer el juez de competencias para pronunciarse sobre la validez constitucional de la Ley de recursos marinos vivos, se vio obligado a reconocer la vigencia de sus disposiciones y consecuentemente a declarar a los acusados culpables de infringirlas. Sin embargo, el magistrado observó que estaba en cuestión la constitucionalidad de la norma. El asunto será trasladado por apelación a las instancias judiciales superiores a fin de que éstas confirmen la reivindicación de los pescadores a sus derechos consuetudinarios. Por primera vez desde 1994, la comunidad de Dwesa-Cwebe abriga por fin la esperanza de poder hacer realidad la libertad de disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.