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Garantizar derechos : Editorial
  • :62
  • :July
  • :2012

Se necesitan políticas y leyes para asegurar los derechos de las comunidades pesqueras a sus territorios

Editorial

Garantizar derechos

Se necesitan políticas y leyes para asegurar los derechos de las comunidades pesqueras a sus territorios


En Sudáfrica, el 22 de mayo de 2012, Día Internacional de la Diversidad Biológica, un juez condenó a tres miembros de una comunidad pesquera tradicional acusados de tentativa de pesca dentro del área marina protegida (AMP) de Dwesa-Cwebe (ver artículo en p. 4). Los pescadores alegaron su derecho consuetudinario a pescar en la reserva, ya que ésta comprende sus territorios ancestrales. El magistrado hizo constar que la Constitución de Sudáfrica ampara las libertades y derechos sobre la tierra y la práctica sin restricciones de las costumb

Los pescadores ahora van a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, alegando que por ser pescadores tradicionales con un sistema de derecho consuetudinario, la Constitución ampara su derecho tradicional de acceso al área en cuestión.

En Indonesia, el 16 de junio de 2011, el Tribunal Constitucional anulaba las disposiciones Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), sobre concesiones de aguas costeras, que forma parte de la Ley de gestión de áreas costeras e islotes, con base en una demanda interpuesta por una coalición de la sociedad civil, denominada Coalición contra las HP3 (ver artículo en p. 22). Las disposiciones HP3 permiten el otorgamiento de concesiones para el asentamiento de empresas, por ejemplo agrícolas o mineras, en áreas costeras, dentro de la franja de las doce millas a partir de la costa, tanto en la superficie marina como en la columna de agua subyacente hasta el fondo marino, por períodos de veinte años renovables hasta un total de sesenta. La Corte declaró que las disposiciones HP3 eran contrarias a la Constitución, puesto que ésta exige que el control del Estado sobre la tierra, las aguas y los recursos naturales se ejerza en nombre del “mayor bienestar y prosperidad de la población”. El Tribunal opinó que las disposiciones HP3 podrían fomentar la privatización y comprometer los derechos del pueblo, incluidas las comunidades pesqueras y otras comunidades tradicionales, a disfrutar de los recursos naturales de generación en generación.

En ambos casos, las cortes han dado por buenas las demandas de las comunidades pesqueras. Si el caso sudafricano consiste en la restitución de derechos consuetudinarios, con base en la constitución adoptada tras la caída del apartheid, que pone en pie de igualdad el derecho escrito y el consuetudinario, el caso indonesio estriba en prevenir la enajenación de los derechos de las comunidades tradicionales y las comunidades de derecho consuetudinario en virtud de las disposiciones de la constitución de 1945.

Ambos plantean cuestiones acerca del grado de conformidad de las leyes sobre pesca y gestión de áreas costeras con las normas que tutelan los derechos consuetudinarios o los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades locales o pesqueras, especialmente las recogidas en las constituciones nacionales o los tratados nacionales o internacionales sobre derechos humanos.

Se trata de cuestiones de gran pertinencia en el momento actual. En todo el mundo las comunidades pesqueras son expulsadas o amenazadas de expulsión de sus territorios a fin de dejar sitio a otras actividades como el turismo, la explotación de gas y petróleo, la construcción de infraestructuras a gran escala, o iniciativas de conservación excluyentes, en violación de sus derechos.

No sorprende que las actividades de las comunidades pesqueras en defensa de sus territorios ganen terreno en algunos países. Estas acciones pueden adoptar la forma de una demanda judicial, como ocurrió en Sudáfrica o Indonesia. Pueden encarnarse igualmente en campañas proactivas a favor del reconocimiento jurídico del derecho de las comunidades pesqueras a sus territorios (ver artículo sobre Brasil en p. 8).

Aunque las comunidades pesqueras y las organizaciones que las apoyan se embarquen en estas acciones, los Estados y otras entidades relevantes deben responder al imperativo de alinear sus políticas y legislaciones sobre pesca y temas relacionados con las disposiciones constitucionales que amparan los derechos de las comunidades pesqueras y con sus obligaciones sobre derechos humanos. Si las constituciones no cuentan con las disposiciones adecuadas para velar por los derechos de las comunidades indígenas, locales y pesqueras, deben ser enmendadas. Se necesita también poner en pie políticas y normativas que salvaguarden los derechos de las comunidades pesqueras a sus territorios, igualmente cruciales para que las comunidades pesqueras puedan contribuir durablemente a los objetivos sociales, económicos, medioambientales y de seguridad alimentaria.

Confiemos en que las directrices internacionales para asegurar la pesca artesanal sostenible (ver artículo en p. 35), que prepara actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sirvan para dar impulso a estos procesos.